Regiones rechazan cambio en impuesto al consumo. Caba y Asovinos piden una solución concertada.
Las licoreras nacionales y los importadores de bebidas alcohólicas están enfrentados por una medida propuesta por el Plan de Desarrollo que los pondría a todos en las mismas condiciones: a pagar una tarifa única de impuestos, sin importar la procedencia (nacional o extranjera) o el grado alcoholimétrico que tengan.
Esta norma, de ser aprobada en el proyecto del ley del Plan de Desarrollo, sería un reverzaso a lo establecido en la ley de licores, donde se introdujo el componente ad valorem del impuesto al consumo, el que según la Federación de Departamentos, “fue requisito para que el país pudiera entrar a la Ocde”.
El impuesto se fijó en 20 por ciento para vinos y aperitivos y 25 por ciento para los destilados, además del impuesto específico de 150 y 220 pesos, respectivamente, por cada grado de alcohol, recordó el gremio.
La nueva fórmula de impuesto que se aplicaría en el país y que pondría todos los licores a pagar 500 pesos afectaría los ingresos de los departamentos, pues, según la federación, “eliminaría el componente que permitía cobrar más impuesto a los licores que son más costosos, medida que retrocede los logros alcanzados con la Ley 1816 de 2016”, en la cual se desarrolló la norma.
Si bien esta se propone como un mecanismo que genera igualdad, en las regiones estiman que, por el contrario, “se sacrifica la equidad que debe prevalecer en el sistema tributario de los colombianos”.
Entre tanto, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), Asovinos y varios representantes de marcas respaldaron la decisión del Gobierno de buscar una fórmula que permita al mercado de licores, tanto nacional como de importados, consolidarse. Por el contrario, para el secretario de Hacienda de Caldas, Luis Alexánder Pineda, “se daría desplazamiento de unos productos con otros, porque antes con lo que se compraba una botella de licor internacional se tomaba dos de aguardiente. Ahora valdrían lo mismo, lo que no favorece a la industria nacional”.
“Si todos pagamos igual, los productos locales como el ron y el aguardiente tendrían unos altísimos costos para el consumidor y los importados lo disminuirían, por lo que claramente, las personas escogerían el extranjero”, opinó el funcionario.
Por el lado de los importadores, los gremios que los representan hicieron un llamado a buscar fórmulas que sean acordadas por consenso y que “permitan garantizar la operación de toda la industria, extranjera y nacional, y respetar los compromisos internacionales asumidos por el país”.
Pero desde las regiones, los voceros insisten en rechazar el cambio. “Los esfuerzos que estamos haciendo por defender la industria nacional y para que haya una diferenciación entre los importados y los nacionales ha dado resultados. Proteger la industria nacional conlleva a mayores ingresos para la región”, señaló María Victoria Machado, la directora directora de Hacienda del Valle.
