Una norma del Dane, que modificó la base gravable de estos productos, alerta a la industria.
La nueva metodología para calcular el precio de los licores en el país, que expidió el Dane hace unos meses y entró en vigencia el pasado 1.° de enero, tendría un coletazo en el bolsillo de los colombianos, quienes pagarían más por estas bebidas a partir de marzo de este año.
En ese momento, según la industria licorera, se comercializarían los productos con la nueva base gravable (precio sin impuestos) definida por la entidad estadística, la cual sube hasta en un 130 por ciento en comparación con el año anterior.
Esto quedó consignado en la Resolución 3098 de 2018, que determinó el precio base de cada una de las bebidas alcohólicas que se venden en Colombia, la cual cambió la forma en que se miden los valores iniciales de estos productos, petición que fue hecha por la Federación Nacional de Departamentos.
El gremio le había solicitado hace unos meses al Dane revocar una norma expedida por el gobierno anterior, que fijaba una base mucho menor a las del 2018, comprometiendo así el recaudo de las regiones. Ahora, según la federación, a la entidad estadística “se le fue la mano”, ya que los precios base, que no incluyen tributos, quedaron en muchos casos por encima de los que hoy se pagan en el mercado.
Por ejemplo, una botella de aguardiente antioqueño tenía un precio de venta al público sin incluir impuestos de 13.176 pesos en el 2018 (según la norma del Dane) y ahora esta cifra pasaría a ser de 30.677 pesos. Caso similar sucede con el ron Viejo de Caldas tradicional, cuyo valor de referencia pasó de 14.380 a 28.069 pesos.
En una carta conocida por EL TIEMPO, la Asociación Colombiana de la Industria Licorera (Acil) le solicitó al Gobierno suspender la norma en mención, ya que pondría en jaque las finanzas del sector e incrementaría el contrabando, debido a que –en su concepto- los colombianos no dejarían de consumir licor, sino que lo comprarían en el mercado negro.
Vale recordar que, en Colombia, la industria licorera paga impuesto al consumo por cada grado de alcohol (entre 11 a 40 por ciento), más un 25 por ciento de ad valorem (sujeto a la base gravable del Dane, que hoy es polémica) y un IVA de 5 por ciento.
