La masacre contra el vino en Colombia

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Mientras la gastronomía se consolida como un pilar clave para la creciente industria turística del país, el vino, su aliado estratégico, sufre un ataque incomprensible.

 

El año pasado, el Dane se inventó un modelo de certificación del precio
por botella en punto de venta final sobre el cual se calcula una parte importante de los impuestos que cada botella de vino debe pagar. Algo que sin duda va contra la lógica de todos los tratados de libre comercio que ha suscrito el país.

La metodología utilizada por la entidad para certificar el valor por botella se estableció a partir de un ‘estudio de campo’ en el que se recogió y promedió el precio de los vinos en restaurantes, hoteles, bares, supermercados, tiendas y otros sitios, aunque no el de la venta directa por parte de los importadores.

A partir de ahí, el Dane publicó un listado con una serie de referencias y precios sobre los cuales se debe pagar un impuesto ad valorem que corresponde a un 20 % del valor final de la botella. El vino paga, además, un impuesto al consumo específico (por grado alcohólico) e IVA.

Dicho en cristiano: con la nueva metodología, un importador debe pagar
un impuesto no sobre los 30 mil pesos que –a modo de ejemplo– cuesta su producto puesto en un puerto colombiano, sino sobre los 120 mil en que lo vende un restaurante, es decir, sobre la ganancia de un tercero.

¿Qué lógica tiene esto? Y, ¿resistiría un examen en la Organización Mundial de Comercio? La brillante idea recaudatoria ha provocado que la carga impositiva sea hoy hasta un 400 % mayor que la pagada el año pasado; que en el famoso listado aparezcan vinos que no se venden en Colombia; que referencias consolidadas no aparezcan en el sistema, siendo vetado su ingreso en las aduanas; que el Dane actúe de forma absolutamente intuitiva cuando llega al país un vino nuevo, uno que no está en el mercado nacional; que muchas referencias e importadores hayan salido del mercado por el alza insostenible de los precios de sus productos y a que cada vez se importen vinos más baratos y mediocres, porque son los únicos que la gente puede comprar y, además, bastante caros.

Eso sin olvidar que el hecho de hacer ‘imposible’ el vino para la gente baja su consumo y por tanto el recaudo (para no hablar del estímulo al contrabando). ¿Qué sentido tiene entonces este ad valorem? Y, ¿tiene este sistema algún grado de funcionalidad y racionalidad posible en un país donde fácilmente hay 10.000 etiquetas diferentes de vinos y donde el Dane, hasta donde sabemos, no es una entidad experta en vinos?

¿Se imagina usted que al arroz se le apliquen impuestos según el precio al que vende el plato el mejor restaurante de la ciudad? ¿Por qué esta locura sí es posible con el vino? Son malos tiempos para el vino en Colombia. Que Baco se apiade de nosotros.

PAMELA VILLAGRA
Para EL TIEMPO

https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/opinion-sobre-el-impuesto-al-vino-en-colombia-325074

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